2021: El mejor año para comprar una vivienda usada

Escrito por fernando on septiembre 03, 2021  /  in ACTUALIDAD, COMPRA  /  Comments off

El Congreso de los Diputados ha aprobado un proyecto de ley que cambiará totalmente el cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), tributo que pagan todas aquellas personas que adquieren una vivienda usada.

A partir del año que viene, el comprador no pagará impuestos por lo que le ha costado la casa, sino por su valor de mercado: el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro. Este cambio entrará en vigor en el mes de enero de 2022, con lo que afectará a todas las compraventas que se firmen a partir de esta fecha, pues no tiene carácter retroactivo.

Quien compre una vivienda usada este año, se librará de este cambio fiscal

Este nuevo valor está contemplado en el “Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal” que ha sido aprobado en el Congreso y que, actualmente, se está debatiendo en el Senado.

¿Qué supone esta modificación fiscal? Este valor de mercado se calculará en base a precios de transacciones de inmuebles, con lo que no habrá necesidad de visitar el inmueble. De esta manera, no habrá necesidad de saber el estado de conservación, los materiales empleados, si está reformado o no, etc.

Este nuevo valor afectará no sólo al ITP, sino también al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD).

Es decir, la Hacienda autonómica no realizará ninguna visita ni comprobación “in situ” del inmueble vendido, heredado o donado, para saber si el contribuyente ha tributado por el valor correcto, sino que la base imponible será el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro.

“¿Y si no estoy de acuerdo con dicho valor?”

Si el contribuyente no está de acuerdo con este nuevo valor de referencia, deberá demostrar su desacierto. La carga de la prueba, por tanto, recaerá en el contribuyente, que deberá demostrar que el valor de referencia de Catastro no se corresponde con el valor de mercado. A diferencia de lo que ocurría hasta el momento, ya que era la Administración la encargada de probar que el valor por el que había tributado el contribuyente no era el valor real del inmueble.

 

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